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Entre los sectores que Andrés Manuel López Obrador ha dejado blindados o protegidos en contra de cualquier tipo de fiscalización o control dentro de la clasificación de interés público y seguridad nacional, se encuentran los puertos marítimos, según el Acuerdo presidencial del 22 de noviembre.

Dicho instrumento de sólo tres artículos, será aplicable a todas las obras de infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente y, turístico.

Conforme al Artículo primero, entre los proyectos y obras asociada, cuyos permisos y autorizaciones pueden considerarse interés público y seguridad nacional, se encuentran además de los puertos específicamente, las vías férreas, los ferrocarriles en todas sus modalidades, el sector energético, los aeropuertos y la salud.

Ahora las dependencias y entidades federales estarán obligadas a otorgar la autorización provisional, dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos y obras.

Si en un plazo de 5 días las autoridades correspondientes del sector, no otorgan un permiso a partir de una solicitud, “se considerará resuelta en sentido positivo” y podrá iniciar la obra.

La autorización provisional estará vigente 12 meses, periodo durante el cual se deberá obtener, el permiso definitivo, dice la herramienta legal puesta en marcha por López Obrador.

Dicho acuerdo, que ha sido interpretado como un decreto, ha provocado múltiples reacciones en la opinión pública nacional e internacional, porque prácticamente abre la puerta al desarrollo de “obras prioritarias o estratégicas”, sin pasar por la burocracia para obtener los permisos.

A la fecha el ordenamiento es atacado por dos controversias, la primera de los partidos integrados en la alianza Va Por México en la Cámara de Diputados, en trámite debido a que requiere de la aprobación de la Junta de Coordinación Política y, una segunda iniciativa del INAI que se encuentra dentro del plazo de 30 días para su presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).