El robo al autotransporte puede cerrar 2026 con una reducción anual, pero la violencia empleada contra los operadores y el repunte registrado en agosto mantienen la inseguridad carretera como un riesgo para el movimiento de mercancías en México.
Entre enero y agosto se abrieron 3,233 carpetas de investigación por robo a transportista, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De ese total, 2,479 casos, equivalentes al 76.7%, fueron cometidos con violencia.
La incidencia registró sus niveles más altos en febrero y marzo, con 463 y 456 casos, respectivamente; después de haber descendido a 322 en julio, la cifra subió a 420 durante agosto.
El comportamiento mensual muestra que una disminución temporal no garantiza una mejora sostenida y para transportistas y generadores de carga, la previsibilidad es tan importante como la reducción estadística: un embarque robado puede interrumpir el suministro de una planta, retrasar entregas o alterar la distribución de inventarios.
Las empresas también deben asumir el costo de sistemas de rastreo, custodias, seguros y cambios de ruta, pero la primera consecuencia, sin embargo, recae sobre los conductores, expuestos a agresiones durante casi ocho de cada diez robos denunciados.
El sector privado mantiene la interlocución
La persistencia de la violencia llevó al sector industrial y del autotransporte a fijar una posición conjunta, sin romper la colaboración que mantiene con las autoridades federales.
En un pronunciamiento firmado en la Ciudad de México, CONCAMIN, ANPACT, ANTP, CANACAR y CANAPAT reconocieron los trabajos de investigación, inteligencia y ejecución realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
Los organismos destacaron las acciones del Operativo Enjambre en Esperanza, Puebla, como parte de la Estrategia Nacional para Combatir el Robo en Carreteras.
También ofrecieron mantener el intercambio de información técnica y compartir prácticas que permitan mejorar la protección de operadores, mercancías y cadenas productivas.
La postura reúne a industriales, fabricantes de vehículos pesados, transportistas, empresas con flotas propias y operadores de pasaje, una integración que da al pronunciamiento un alcance mayor que el de una demanda gremial: el robo afecta tanto a quien transporta la carga como a la empresa que depende de recibirla.
Del patrullaje a la inteligencia
En medio de este panorama, el gobierno proyecta que el robo al autotransporte terminará el año con una reducción cercana al 37%.
Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, atribuyó parte del descenso a la Estrategia Balam y al operativo de acompañamiento Escalón, aplicados en corredores con elevada actividad de carga, como las autopistas México-Querétaro y México-Puebla.
La vigilancia avanzará ahora hacia un modelo apoyado en información en tiempo real.
Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica, dijo al respecto que el C4 Carretero vigilará 1,407 kilómetros de vías federales mediante 3,015 cámaras y 120 arcos para detectar vehículos y placas.
Claudia Sheinbaum explicó que el sistema permitirá enviar unidades y compartir alertas con los centros estatales C4 y C5.
La utilidad de esa red dependerá de la rapidez con que una detección se convierta en una respuesta sobre la carretera.
La tecnología estará acompañada por intervenciones físicas.
Y sobre ello, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó el cierre de 806 accesos irregulares y avances en la habilitación de 15 paradores seguros.
La estrategia también busca actuar fuera de las carreteras, como lo ha establecido Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que las investigaciones se dirigirán a las redes que reciben y comercializan la mercancía robada.
Sin compradores y canales de distribución, el incentivo económico del delito se reduce.
La medición decisiva no será únicamente el número de cámaras instaladas, accesos clausurados o denuncias registradas.
Para los operadores y las empresas, el resultado tendrá que observarse en menos ataques violentos y en la posibilidad de trasladar mercancías con tiempos y condiciones de seguridad previsibles.
Por Daniel Zurita / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
