En un símil al “cobro de piso”, como la delincuencia organizada, el presidente Municipal de Ensenada está tratando de cobrar un impuesto que tiene todas las características de ser ilegal y ha desatado una nueva controversia económica, debido a la intención de cobrar 5 dólares por cada contenedor marítimo que transite por las calles y avenidas de la demarcación, con la intención de hacer efectivo el cobro el primer día del 2024.
La propuesta, aún en proceso de aprobación, originó el rechazo inmediato de importadores, exportadores y líneas navieras, representados por Amanac, bajo la presidencia de Norma Becerra Pocoroba. Este rechazo se fundamenta en el hecho de que dichos sectores ya contribuyen al gobierno a través de la Aduana, con una tarifa de 407.82 pesos por cada contenedor que ingresa al país.
Duplicidad de impuestos
Por ello, la propuesta no solo es percibida como una duplicidad de impuestos, sino como un acto de imponer un gravamen al comercio exterior, lo que está fuera de todo alcance legal de un Ayuntamiento. Además, también plantea preocupaciones sobre posibles repercusiones negativas en la cadena de suministro, afectando directamente a los productos importados hacia Baja California.
Norma Becerra Pocoroba, presidenta de AMANAC, expresó su preocupación por la posible duplicidad de impuestos en la propuesta de imponer un gravamen a contenedores y advirtió que esta medida podría contravenir legislaciones federales, como el artículo 44 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La falta de consulta con los sectores del puerto también suscita inquietudes, por ello instó a la Diputada Julia Andrea González Quiroz a realizar un análisis exhaustivo de la propuesta, considerando sus impactos económicos y legales, para asegurar un enfoque equitativo y bien fundamentado.
Medida inconstitucional
Con dicho gravamen, el municipio busca atraer recursos presuntamente para mejoras en infraestructuras viales, debido a que alrededor de 250 mil contenedores transitan anualmente por sus calles del recinto marítimo, desde el puerto hacia otra área portuaria llamada El Sauzal. Sin embargo, las organizaciones empresariales advirtieron que la medida es inconstitucional, al intentar regular un servicio público bajo la jurisdicción de la federación, específicamente en el ámbito del Transporte Público Federal, para el traslado de contenedores.
La posible afectación a la imagen internacional de los puertos, ante la intención del Municipio Ensenada, que encabeza el morenista Armando Ayala Robles, de hecho, son contrarias a las políticas las autoridades portuarias de Semar. De hecho, el Puerto de Ensenada, a través de la Asipona, descartó la aplicación del impuesto, alegando que el “Convenio General de Colaboración y Vinculación Puerto-Ciudad”, que tiene firmado con el municipio, no contempla dicha recaudación.
A la viva México
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), de Miguel Ángel Martínez Millán, también advirtió en una tarjeta informativa la necesidad de realizar un análisis detallado del impacto y la sobrerregulación, identificar actores clave y considerar alternativas, abogando por una consulta pública para evaluar la legalidad de la medida propuesta.
Por lo pronto, el Municipio mantiene su intención de cobrar el impuesto a pocos días de que concluya el 2023, lo que para muchos será un cobro ilegal similar al “cobro de piso”.
