Edna Herrera
Calica, subsidiaria de Vulcan Materials Company (VMC), podría tener los días contados en México, como concesionario de una mina de piedra caliza y de un muelle y terminal marítima en Quintana Roo, tras la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de no renovar ambos títulos de concesión, sin embargo hasta el momento los permisos siguen vigentes hasta 2037.
Ante el ultimátum, de inmediato la compañía amenazó con demandar una indemnización de más de 500 millones de dólares, por el retiro de las concesiones alegando afectaciones en el Marco del T-MEC, de acuerdo con un documento publicado por la plataforma de controversias y el Centro de Políticas de Inversión de la UNCTAD.
Vulcan Materials Company, de origen estadounidense es conocida en el sector marítimo por regirse por sus propias prácticas. Desde hace décadas su subsidiaria Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica), opera el litoral del mar Caribe, de una manera prácticamente independiente a las autoridades portuarias y civiles.
Sin embargo esta semana, López Obrador advirtió que sus concesiones serían retiradas por afectaciones ambientales severas.
El mandatario dio por hecho que la explotación de cerca de 6 millones de toneladas de piedra caliza, que exporta la compañía anualmente hacia los EE.UU., están por concluir.
Y aseguró que su administración no autorizó extender el plazo de la concesión otorgada en el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo.
El mandatario apuntó además que de ser necesario el gobierno acudirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para defender los activos del país, tras el reclamo de una indemnización de 500 mdd debido por parte de Calica, debido a los daños por la cancelación de las concesiones.
De acuerdo con una revisión de Info-Transportes al Diario Oficial de la Federación, el 25 de agosto de 2015, se publicó el título de concesión en favor de Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en una zona federal marítima para la operación de una terminal portuaria de altura de uso particular, para la carga, almacenamiento, manejo y distribución de materiales pétreos.
La Terminal está ubicada en el kilómetro 282+600 carretera Chetumal-Cancún, dentro del recinto portuario de Punta Venado, en el municipio de Playa del Carmen (Solidaridad), en Quintana Roo”
El período de vigencia de la concesión ahora bajo revisión de la Dirección de Puertos de la Secretaría de Marina (Semar), la dependencia autorizó ampliar la vigencia original del Título de Concesión, a 50 años, del 21 de abril de 1987 al 20 de abril de 2037.
Pero el conflicto sobre Calica comenzó en 1986, cuando se fundó Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (CALICA), cuando la estadounidense VMC, tenía sólo el 50% de la empresa, incluida la concesión, pero el 11 de enero de 2000 la compañía extranjera se hizo dueña única.
La práctica de ganar a tras puerta las concesiones, en varios puertos, era común al menos durante los últimos 4 sexenios, pero en la administración actual, una revisión de las concesiones está poniendo en aprietos a muchas empresas con prácticas irregulares como Calica.
Conforme a la revisión documental, Info-Transportes encontró que VMC, construyó en “Punta Venado”, una dársena y terminal de transbordadores, con dos títulos de concesión, DZF-291/92 para usar y aprovechar 9 mil 158.11 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre para áreas de conservación y ornato, así como la autorización DZF-292/92 para explotar 39 mil 332.73 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre.
Aunque la empresa tiene una concesión de carácter privado, ofrece desde 15 de agosto de 2001, el servicio de muelles públicos a embarcaciones tipo ferris de carga y pasaje que abastecen a la región, por encontrarse alejada de los mercados de proveeduría, tras una gestión realizada por la Cámara de Senadores en esos años que fue notificada a Calica.
El documento requirió en ese entonces a la empresa a colaborar para “facilitar la comunicación entre Punta Venado y la Isla de Cozumel".
Y es que inicialmente Calica se negaba a permitir el uso de la terminal a los transbordadores que abastecen a la región con mercancías y materias primas.
A ello obligaba a que las embarcaciones cruzaran hasta Puerto Morelos, lo que repercutía en mayores costos y tiempo de recorrido, mientras se encarecían los productos en la región.
Sin embargo la empresa se dio el lujo de no dar respuesta, por lo que posteriormente intervendrían las autoridades portuarias y marítimas en ese tiempo en la SCT.
La compañía estadounidense finalmente aceptó ofrecer el servicio de muelles a los ferris condicionando a que no se afectara las operaciones de sus barcos que han enviado millones de toneladas de Calizas a los EE.UU., en los últimos 34 años.
A pesar los amplios beneficios obtenidos por Calica, el holding en los EE.UU., VMC recurrió a las instancias legales internacionales para interponer ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) con el Caso CIADI No. ARB/19/1) que sigue abierto por un reclamo del inversor de: 500,000 mdd.
Legacy Vulcan, LLC c., interpuso la demanda en contra los Estados Unidos Mexicanos por una normatividad posiblemente aplicable al TLCAN (1992), que aun cuando ha sido rechazado parcialmente, sigue siendo un conflicto abierto hasta 2019 y ratificado en los primeros días de 2022.
Las reclamaciones que exponen las afectaciones derivan de la “revocación por parte de organismos gubernamentales de la concesión portuaria de la subsidiaria de propiedad total de la demandante, Calica, y el cierre forzoso de las operaciones de extracción de minera en los sitios “La Adelita” y “El Corchalito” en el Estado de Quintana Roo”.
Además, según la demandante, “estos hechos fueron precedidos por las modificaciones unilaterales de los acuerdos con Calica por parte de las agencias gubernamentales y la imposición de impuestos supuestamente ilegales, impugnados por la empresa en varios casos judiciales locales”.
En noviembre del año pasado, el gobierno de los EE.UU., dejó en claro que el conflicto entre Calica y el gobierno mexicano no tiene nada que ver con los acuerdos establecidos en el T-MEC, por lo que se desentendió de la denuncia presentada por la empresa en una corte internacional.
A su vez, el gobierno canadiense señaló que no tiene jurisdicción en el conflicto, por lo que también se pronunció como “no disputador” y determinó no interferir el proceso legal promovido por la filial estadounidense Legacy Vulcan en enero del 2019.
