Daniel Zurita
Los procesos eficientes de Liberación del Derecho de Vía, requieren de la planeación y negociación con los dueños de la tierra, un excelente avalúo y, una buena coordinación con los diferentes órdenes del gobierno, cuyo fin está dirigido a que los proyectos avancen según lo planeado en la construcción y fechas de entrega de obras.
Mauricio Márquez Corona, presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, precisó que los proyectos del sector público o privado deben contar con características de coordinación muy eficientes.
También reflexionó sobre el hecho que, “históricamente, la Liberación del Derecho de Vía, ha sido un proceso complicado en el país y el mundo”.
En el caso de México, es aún más complejo, debido a que existen tres regímenes de propiedad, es decir, privada, ejidal y comunal. Por tanto, un predio puede tener dueños distintos o carecer de documentación y solo tener posesión.
Durante el webcast Diálogo Con Ingenieros, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), Márquez compartió la visión del organismo en temas de interés nacional, como la liberación de Derecho de Vía, y la importancia en la emisión de dictámenes valuatorios confiables y oportunos.
Por ejemplo, el procedimiento del Gobierno para adquirir terrenos dedicados a la infraestructura pública utiliza mecanismos de compra, indemnización y/o expropiación, mientras el INDAABIN se encarga de realizar avalúos de acuerdo con cada propósito.
De manera jurídica, la adquisición de Derecho de Vía, está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero también pueden ser parte interesada la CONAGUA y organismos similares que tengan competencia sobre áreas específicas.
El uso como “Servidumbre real de paso”, pueden usarlo, organismos como la CFE. En lo que respecta a la Ocupación Superficial, puede solicitarla, empresas como Pemex.
Cada uno de estos permisos incluye el pago de la ocupación superficial del terreno a valor comercial, basado en el mercado de tierra rural o suburbanos, además del pago de daños al predio y Bienes Distintos a la Tierra (BDT) afectados.
Para que un desarrollo comience, es necesario cumplir con los elementos básicos, como el tipo de obra a construir, afectados, alcance social del proyecto, ubicación de tierras que serán dañadas, un plan de acción y el tiempo que se llevará realizarse.
“Un punto de partida para que el proyecto inicie, es realizar un análisis de riesgos, incluyendo los gastos en fallas, los retrasos de su construcción, una correcta planificación de recursos, y contemplar diversos riesgos, como el fallecimiento de propietarios, diligencias judiciales en predios afectados, hallazgos de vestigios arqueológicos, cambios en proyectos de trazo” explicó el funcionario.
Por consiguiente, dijo Márquez Corona, la interacción con propietarios o posesionarios, estableciendo canales de información, a través de un interlocutor negociador y el propietario para que cuenten con conocimiento técnicos, en aspectos valuatorios y legales.
