El paro nacional convocado por la Asociación Nacional de Transportistas A.C. (ANTAC) inició este lunes 6 de abril y, en su primera jornada de un movimiento declarado indefinido y con previsiones de expansión, provocó una actividad logística intermitente y geográficamente dispersa en el país, sin alcanzar, hasta el momento, una parálisis sistémica de las cadenas de suministro.
Pese a la baja cohesión observada entre las diversas cámaras del sector, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) prevé que las afectaciones económicas inmediatas se estimen en 750 millones de pesos diarios, con un riesgo de escalar hasta los 6,000 MDP semanales si el conflicto se prolonga.
Alcance de bloqueos
En conferencia oficial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario César Yáñez, informaron que hasta las 10:00 horas se registraron 11 bloqueos, entre parciales y totales, con la participación de 575 personas y 161 vehículos en nueve estados de la República.
Las principales afectaciones se concentraron en corredores estratégicos como el Arco Norte, la autopista México–Toluca, el Circuito Exterior Mexiquense y los accesos a la Ciudad de México, además de puntos críticos en Chihuahua, particularmente en el tramo Juárez–Villa Ahumada, y los estados de Veracruz, Guanajuato y Sinaloa.
En tanto, Claudia Sheinbaum aseguró durante su conferencia matutina que "no hay cerrazón del Gobierno" y que las demandas de los transportistas, centradas en la inseguridad carretera y los altos costos del diésel y la carga fiscal, se están atendiendo por la vía institucional.
Dicha postura fue respaldada por el gabinete de seguridad, que calificó el movimiento como "acotado", destacando que varios puntos de interrupción ya habían sido liberados antes de las 13:00 horas gracias a las mesas de diálogo activas.
Riesgos logísticos
Por su parte, el sistema ferroviario de carga mantuvo operaciones normales en sus corredores troncales, aunque se reportó un incidente importante en Jiménez, Chihuahua, donde productores agrícolas bloquearon las vías férreas a las 07:00 horas.
Si bien este evento se consideró aislado, la lectura operativa sugirió un riesgo emergente para la intermodalidad camión–tren, generando cuellos de botella en los patios de maniobras y retrasos importantes en la carga y descarga de mercancías si continúan los bloqueos a las vías ferroviarias.
Fractura gremial y deslinde empresarial
El movimiento de la ANTAC, representado por su vocera Jeannet Chumacero, enfrentó un deslinde masivo de las organizaciones cúpula del sector privado.
Distintos organismos como la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), entre otros, emitieron un comunicado conjunto rechazando los bloqueos.
Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR, fue enfático al declarar que cualquier solución a la problemática del sector debe darse fuera de las carreteras para no afectar a la ciudadanía ni al resto de los transportistas.
Finalmente, el balance de la jornada reflejó una alta visibilidad política pero una baja cohesión sectorial, con organizaciones de peso como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC) y la Alianza Mexicana de Transportistas (AMT) distanciándose de la movilización.
No obstante, el evento evidenció la vulnerabilidad del sistema logístico nacional, donde el 56% de la cadena de suministro depende del transporte terrestre, impactando directamente en la distribución de bienes de consumo básico y en la eficiencia de las exportaciones mexicanas.
Escalada de demandas
Por la tarde, en un comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas A.C. (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) elevaron el tono del conflicto al declarar una "movilización activa en 20 estados".
Las organizaciones justificaron la jornada nacional de lucha ante la falta de soluciones permanentes a problemáticas estructurales, exigiendo un alto inmediato a los robos y extorsiones, una reducción en el costo del diésel y el fin a la "criminalización" de su labor.
En este contexto, demandaron tarifas justas de carga y programas efectivos de apoyo agrícola para garantizar la viabilidad del sector.
Por Daniel Zurita / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
