Una crisis más se vive en Palacio Nacional ahora con la salida abrupta del Fiscal General de la República, pero ¿quién se beneficia con esa renuncia?
La salida intempestiva de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) abre un agujero aún más profundo en el ya erosionado sistema de justicia.
En el Senado se dijo que el detonante de la renuncia fueron filtraciones de información sensible, concretamente del contrabando de gasolinas y luego de los negocios y relaciones del empresario Raúl Rocha Cantú, que revivieron las zonas más oscuras de las relaciones de la 4T con el crimen organizado.
Pero también surge la pregunta inevitable: ¿a quién o a quiénes se filtraba información? ¿A delincuentes? ¿A políticos? Y, sobre todo, ¿por qué se ejecutó la salida del Fiscal sin investigar primero el origen y destino de esa información?
Pero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió que el remedio era removerlo y no llegar a fondo de paralizar las investigaciones.
Y bueno, la otra vertiente de esta nueva crisis política es la operación del senador Adán Augusto López Hernández, que desde el escándalo de La Barredora se había hecho a un lado y, lo peor, deja en claro que no existe ninguna Fiscalía autónoma; y lo mejor fue mandar a Gertz Manero a ver la hora a Berlín, como nuevo embajador en Alemania.
Lo relevante será si con su salida se dará carpetazo a las supuestas investigaciones de los escándalos de corrupción en la 4T. Claro está, con una Fiscalía que se confirma que no es autónoma y que opera a favor de los intereses de Morena. Simplemente, los candidatos que suenan para suceder a Gertz Manero son Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar, dos incondicionales al oficialismo.
Pero la realidad pura y dura es que la FGR sigue siendo lo que siempre fue: un arma cargada que alguien tiene que sostener.
La narrativa oficial no cuadra, y el vacío lo llenan las preguntas incómodas.
Queda claro que la gestión de Gertz Manero fue polémica, pero es mucho más su salida por la puerta de atrás, sin mediar explicación de peso, sembrando más dudas y abriendo espacio hacia un reacomodo interno en el segundo mandato de Morena, que encara una nueva crisis de credibilidad.
Qué esperar ahora de las investigaciones sobre el huachicol fiscal, el tráfico de armas, los feminicidios, desapariciones y el tráfico de fentanilo, y por supuesto en la relación de México con Estados Unidos, donde Gertz Manero era un interlocutor respetado.
Y en lo interno, ¿qué pasará con los expedientes de los crímenes bajo la gestión de Hernán Bermúdez y La Barredora, y sus cómplices que tenían en el foco al senador Adán Augusto López Hernández?, son preguntas.
La ruta del dinero
Nada que Alianza In México, la asociación nacional de plataformas digitales, lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene como ministro presidente al magistrado Hugo Aguilar Ortiz, luego de que declaró como constitucional el impuesto de 2% que aplicará la CDMX para plataformas digitales. A decir del organismo, la medida tendrá un impacto importante y regresivo en el ecosistema de plataformas del que dependen miles de personas, da un trato fiscal discriminatorio con respecto a otros prestadores de servicios similares y pone en duda el cumplimiento de México de sus compromisos comerciales internacionales, en particular los del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Y bueno, en términos de su impacto económico, esta medida tendrá un efecto negativo que va más allá de las plataformas digitales. También afectará a las comunidades de repartidores, a los pequeños y medianos negocios que dependen en buena medida de esta modalidad de reparto, y a los millones de consumidores que hacen uso diario de este tipo de servicios. La economía digital es hoy en día un factor fundamental en el crecimiento económico y en las oportunidades de desarrollo, y es la expresión económica del ambiente de innovación e inclusión que se genera con la tecnología. Este impuesto es una barrera al crecimiento y un desincentivo a la innovación, además de generar un efecto sistémico preocupante en otras entidades federativas. Nada de eso fue considerado por el Poder Judicial.
El caso es que, de interpretarse a la letra esta decisión, debería aplicarse a un sinnúmero de sectores que también utilizan la infraestructura de las ciudades para generar ingresos; de ahí que se diga que la decisión del tribunal constitucional es desproporcionada e injusta. Pero, peor aún, ya nadie recuerda que apenas en junio pasado la anterior SCJN había declarado la inconstitucionalidad de ese impuesto en un juicio relativo al mismo artículo del Código Fiscal. La existencia de dos resoluciones opuestas dará pie a confusión e incertidumbre a las empresas, y bueno, reitera que aunque sea cosa juzgada, se están reabriendo expedientes que más pronto que tarde tendrán impacto en la confianza de los inversionistas.
Por Rogelio Varela / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
