El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas volvió a exhibir las tensiones entre el discurso social del gobierno frente a las preocupaciones operativas del sector productivo, que exige certidumbre regulatoria antes de asumir nuevos costos estructurales.
Desde la Convención Nacional de Canacintra, su presidenta, Lourdes Medina Ortega, advirtió que una reforma de esta magnitud no puede avanzar sin reglas claras, esquemas de certificación y una implementación gradual que evite incentivar la informalidad laboral.
La dirigente subrayó que, si bien la industria está dispuesta a acompañar cambios orientados al bienestar de los trabajadores, el diseño de la política pública no ha considerado plenamente la heterogeneidad del tejido empresarial mexicano.
Medina alertó que las micro y pequeñas empresas enfrentarán mayores presiones financieras si no se establecen mecanismos de apoyo que compensen el aumento en costos laborales y administrativos.
Costos bajo presión
El sector industrial también anticipó un escenario complejo ante el incremento al salario mínimo previsto para 2026, que, si bien será acatado, obligará a ajustes en estructuras de costos, precios y contratación, particularmente en industrias intensivas en mano de obra.
Para los empresarios, la combinación de reducción de jornada, aumentos salariales y mayores obligaciones regulatorias plantea un riesgo de pérdida de competitividad frente a economías con marcos laborales más flexibles.
Estas preocupaciones contrastan con la narrativa oficial, que sostiene que las reformas laborales no han generado impactos negativos en inflación ni empleo formal.
El desfase entre ambas visiones refleja una creciente distancia entre el diseño de política pública y la realidad operativa de las empresas.
Narrativa gubernamental
En respuesta, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, defendió la estrategia laboral del gobierno al afirmar que el salario mínimo ha dejado de ser simbólico y hoy funciona como un mecanismo real de redistribución del ingreso.
Según Bolaños, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a 3.4 millones de personas y argumentó que siete de cada diez se integran posteriormente a una actividad productiva.
No obstante, el programa sigue siendo cuestionado por el sector privado por su costo fiscal y por la limitada absorción de talento en empresas formales.
Para el sector empresarial, sin embargo, el reto no es solo institucional, sino político, dirigido a lograr que las reformas laborales no se traduzcan en una carga adicional que termine debilitando la inversión y el empleo formal.
