La implementación de la Estrategia Nacional de Movilidad (ENAMOV) y de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo enfrenta obstáculos por la falta de financiamiento, coordinación entre niveles de gobierno y continuidad de los proyectos.
Durante un seminario organizado por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) y Mobility ADO, autoridades estatales, operadores y especialistas coincidieron en que, aunque México ya cuenta con un marco normativo y herramientas técnicas para transformar el transporte público.
Sin embargo, el principal desafío es traducir esos instrumentos en proyectos ejecutables con recursos suficientes y mecanismos de gobernanza que trasciendan en los cambios de administración.
El presidente de la AMAM y secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, afirmó que el país ya cuenta con una visión común sobre movilidad, pero enfrenta el reto de consolidar esquemas de financiamiento, fortalecer las instituciones responsables y garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura.
Monraz sostuvo que la recuperación de la rectoría del Estado sobre los sistemas de transporte es indispensable para avanzar hacia modelos empresariales, incorporar tecnología, modernizar flotas y aplicar subsidios focalizados que permitan recuperar usuarios tras la caída registrada después de la pandemia.
En tanto, Francisco Trueba, director divisional de Movilidad Urbana de Mobility ADO, afirmó que la colaboración entre la iniciativa pública y privada es un requisito para implementar la estrategia nacional de movilidad.
Además, el fortalecimiento de la rectoría del Estado debe ir acompañado de capacidad técnica y planteó que el país debe avanzar hacia esquemas de subsidio al transporte público, al considerar que actualmente una parte creciente del costo de la movilidad es asumida directamente por los usuarios.
Necesario mayor financiamiento federal
Por su parte, Bernardo Baranda, director para América Latina del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), estimó que más de 20 millones de personas utilizan diariamente el transporte público en México, por lo que consideró necesario que el gobierno federal incremente su participación mediante programas permanentes de financiamiento e inversión.
Como referencia el programa brasileño de movilidad, que destina recursos federales para la renovación de flotas e infraestructura de transporte, y señaló que México aún carece de un esquema similar para acelerar la modernización del sector.
Armonización local y fondos estatales
El subsecretario de Conectividad y Movilidad de Guanajuato, Paco de Anda, informó que el estado instaló un Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial con seis grupos de trabajo para desarrollar políticas en financiamiento, transporte público, infraestructura segura, logística, inclusión y sistemas de información, como parte de la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Añadió que uno de los objetivos es crear un fondo estatal de movilidad y fortalecer la participación del gobierno estatal en la planeación del transporte urbano, actualmente administrado principalmente por los municipios.
El desafío del monitoreo
La secretaria técnica de la AMAM y directora de Asuntos Públicos de WRI México, Angélica Vesga, advirtió que la Política Nacional de Transporte Público ya establece 17 indicadores de impacto y 30 de monitoreo, pero reconoció que éstos aún no se aplican de manera sistemática, lo que dificulta evaluar los avances de la estrategia nacional.
Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que el fortalecimiento institucional, la coordinación entre gobiernos, operadores, academia y organismos internacionales, así como mecanismos estables de financiamiento, serán determinantes para acelerar la modernización del transporte público en las ciudades mexicanas.
Por Daniel Zurita / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
