La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los integrantes del Congreso revisar la reducción del límite de ingresos para acceder al estímulo fiscal por el uso de autopistas, al advertir que el cambio podría afectar la viabilidad financiera de empresas transportistas y elevar la presión sobre sus costos de operación.
Augusto Ramos Melo, presidente del organismo, señaló que la medida, avalada por la Cámara de Diputados dentro del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2027, reduce de 300 millones a 250 millones de pesos el umbral de ingresos anuales para acreditar hasta 50% del gasto por el uso de carreteras de cuota.
El dirigente sostuvo que el estímulo no representa un privilegio, sino un mecanismo que permite compensar parcialmente los costos que enfrentan las empresas para movilizar mercancías por la red carretera.
CANACAR plantea alternativas
Ante el avance de la iniciativa al Senado de la República, la cámara propuso mantener el límite vigente de 300 millones de pesos o establecer un esquema que permita a las empresas acceder al beneficio sin perderlo por completo al superar el umbral de 250 millones.
Ramos indicó que la propuesta inicial del organismo consistía en actualizar el límite a 420 millones de pesos, tomando en cuenta la inflación acumulada de los últimos años. Sin embargo, afirmó que el sector no fue considerado en las revisiones de la medida.
Por ello, dijo que es necesario evaluar las alternativas antes de concluir el proceso legislativo, con el objetivo de evitar mayores afectaciones a la operación de las empresas.
Costos y condiciones operativas
La cámara advirtió que la reducción debe analizarse en función de las condiciones que enfrenta el autotransporte de carga, entre ellas la inseguridad en carreteras, las extorsiones, el deterioro de la infraestructura y el incremento de los gastos operativos.
Estos factores presionan la rentabilidad de las empresas, por lo que el nivel de ingresos no necesariamente refleja su capacidad financiera ni los recursos disponibles para sostener la operación, renovar unidades y mantener sus servicios.
En este escenario, un aumento en los gastos de operación podría trasladarse a las tarifas de transporte y repercutir en las cadenas de suministro y los precios de bienes y servicios.
Impacto del cambio fiscal
Durante la discusión de la iniciativa, la SHCP estimó que la modificación afectaría a menos de 10% de los contribuyentes y dejaría fuera del estímulo a 120 empresas, además de representar una recaudación adicional de 5 mil millones de pesos.
En respuesta, Claudia Sánchez Porras, directora general de CANACAR, cuestionó que esas estimaciones reflejen el impacto que la medida tendría en el sector y advirtió que limitar el acceso al estímulo podría desincentivar la formalización de las empresas y el uso de autopistas de cuota.
Ramos también recordó que el acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) correspondiente al diésel contribuía a dar liquidez a las compañías, aunque actualmente no cuentan con ese beneficio en las mismas condiciones, en el contexto de las medidas para contener el precio del combustible.
La CANACAR busca mantener las condiciones fiscales existentes y pidió a las autoridades considerar la estructura de costos del autotransporte antes de aplicar cambios que, a su juicio, podrían comprometer la continuidad de algunas empresas.
Por Daniel Zurita / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
