Entrar al Puerto de Manzanillo está a punto de tener peaje, no en casetas ni con tags de acceso, sino a través de un curso de seguridad que la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo (ASTOM) busca volver obligatorio y que, en la práctica, condiciona el acceso a las terminales al pago de una capacitación.
Presentado como una medida preventiva, el esquema es visto por el sector como un cobro encubierto por el derecho de ingreso que tendría una base cercana a los 37 mil usuarios del puerto.
Lo que comenzó el 6 de febrero como una medida impulsada por la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo (ASTOM), que preside José Antonio Contreras, hoy enfrenta una oposición organizada, posibles fisuras internas y crecientes alertas sobre los efectos en el sistema portuario nacional y su cadena logística.
El plan del organismo empresarial es simple —y rentable—: cobrar por 15 horas de capacitación sobre el Código PBIP (Código para la Seguridad de los Buques y de las Instalaciones Portuarias), a un costo de 700 pesos por persona con vigencia anual.
La base estimada de usuarios —30 mil operadores de autotransporte, 6 mil agentes aduanales y 750 integrantes de agencias navieras— eleva el universo a 36 mil 750 cursos potenciales.
Bajo ese esquema, el flujo de efectivo superaría los 25.7 millones de pesos anuales, una cifra que para muchos explica la insistencia en hacer obligatorio el “requisito de seguridad”, percibido en el sector más como un modelo de negocio que como una política preventiva.
Desde su lanzamiento, la reacción de prácticamente todos los agentes económicos que confluyen en el puerto fue de rechazo frontal.
En el frente común figuran: la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Unión Transportistas de Carga de Manzanillo (UTCM) y la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), que han coincidido en lo esencial: la capacitación puede ser válida, pero no su imposición, su cobro y, sobre todo, su falta de sustento normativo.
El conflicto escaló conforme avanzó febrero, con tensiones corporativas hasta el fin de semana previo al día 25, cuando ASTOM pospuso la medida de tomar la capacitación del 1 de marzo al 1 de abril, en un intento por despresurizar un proyecto ampliamente cuestionado.
Ruptura sin diálogo abierto
Pero lejos de contenerse, el conflicto se profundizó cuando ASTOM optó por cerrar sus puertas y evitar reunirse con la Comunidad Portuaria de Manzanillo (COPOMA), donde confluyen todos los agentes económicos, abandonando espacios de diálogo, una cancelación de facto de cualquier intento de construcción colectiva.
Al mismo tiempo, la iniciativa comenzó a erosionarse desde dentro, porque varios operadores portuarios comenzaron a notificar en privado a clientes y proveedores que no acompañarán la medida, evidenciando la falta de consenso.
Aun así, actores como CONTECON y Hazesa se mantienen como principales impulsores, mientras otros toman distancia, dejando al descubierto una fragmentación que vuelve inviable una aplicación homogénea del requisito.
En medio del desorden, la autoridad portuaria —la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (Asipona)— tuvo que intervenir para poner orden básico: el 19 de febrero aclaró que no existe disposición oficial que obligue a tomar un curso de seguridad para ingresar al recinto.
El mensaje fue contundente y debilitó de golpe el principal argumento de ASTOM: no hay obligatoriedad legal y, por tanto, tampoco sustento para imponerla.
Desde AMANAC, la postura no deja margen: sin respaldo jurídico ni aval de autoridad competente, sus afiliados no pueden —ni deben— acatar un requisito unilateral.
Ajuste táctico sin resolver de fondo
Ante el creciente rechazo, el 17 de marzo, en conferencia de prensa, ASTOM anunció un “ajuste”: durante tres meses no se cobrará la capacitación en su plataforma digital.
Más que solución, el movimiento parece un intento de enfriar la crítica sin tocar el fondo del problema.
El cambio modifica el calendario económico, pero no el operativo, mientras la obligatoriedad del curso se mantiene para el 1 de abril. Es decir, el requisito sigue vigente, solo que temporalmente es presentado como gratuito.
En la práctica, el plazo permanece, pero el cobro se difiere.
El esquema, además, introduce un trato diferenciado difícil de justificar, para quienes pagaron recibirán un formato DC-3 con reconocimiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mientras que quienes accedan gratuitamente obtendrán una constancia interna válida únicamente para ingresar a terminales afiliadas.
Frente al panorama, la Unión Transportistas de Carga de Manzanillo (UTCM) también ha endurecido su postura, llamando abiertamente a no registrarse ni tomar la capacitación hasta que existan condiciones claras.
Para el gremio, el fondo del asunto es evidente y tiene el propósito de convertir una obligatoriedad en una fuente de ingresos, según argumentan.
Alerta por efecto dominó
El debate ya rebasó el puerto de Manzanillo y, de hecho, la tarde del miércoles, Fernando Con y Ledezma, presidente de AMANAC, advirtió durante el The Summit Logistic World sobre el riesgo de que este modelo se replique en otros puertos.
El argumento es directo: si se normaliza este tipo de cobros, se abre la puerta a una cascada de cargos adicionales por acceder a infraestructura portuaria.
El riesgo podría extenderse al sistema portuario nacional con una generalización de costos que implicarían un sobreprecio estructural en los servicios a la carga, trasladado inevitablemente a importadores y exportadores.
En un contexto ya presionado por tarifas elevadas y desaceleración, añadir cargos recurrentes no haría más que amplificar distorsiones y restar competitividad al comercio exterior mexicano.
A días de su entrada en vigor, el caso Manzanillo dejó de ser un debate técnico.
Hoy es una lucha de control operativo, legalidad y dinero, que expone la necesidad de ordenar el sistema portuario y coloca presión directa sobre la Secretaría de Marina, encabezada por el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, y la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, a cargo del almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán.
