El gobierno prorrogó por 50 años más la concesión para administrar el puerto de Manzanillo, hasta el 1 de febrero de 2094, como una decisión sustentada en la saturación de su infraestructura y en las necesidades de expansión vinculadas al comercio y la actividad industrial del Valle de México y el Bajío.
El nuevo periodo comenzará el 2 de febrero de 2044, al concluir la vigencia otorgada en 1994 a la hoy Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (ASIPONA Manzanillo), cuyos títulos comprenden el uso de bienes de dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones y la prestación de servicios portuarios.
La Secretaría de Marina (Semar) formalizó la extensión mediante un instrumento firmado el 14 de septiembre de 2026 por su titular, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el director general de ASIPONA Manzanillo, vicealmirante José Ignacio Moreno Díaz.
La resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de este jueves primero de octubre.
Cuyutlán, en áreas concesionadas
El título incluye 18.19 millones de metros cuadrados del recinto portuario en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, incorporados en octubre de 2023 al puerto de Manzanillo, situado en el Pacífico mexicano.
De esa superficie, 860,139 metros cuadrados corresponden a tierra y 17.33 millones a agua.
El área concesionada es distinta de la denominada área poligonal de 18.81 millones de metros cuadrados, delimitada mediante un acuerdo publicado en agosto de ese año.
Los antecedentes del instrumento también registran incorporaciones de terrenos y superficies de agua realizadas desde 2015.
La resolución señala que el crecimiento comercial y la saturación de las instalaciones actuales requieren planear y coordinar la expansión, a medida que la prórroga permitirá dar continuidad a la administración de las actividades y servicios en las áreas comprendidas en la concesión.
Dictámenes respaldan la extensión
ASIPONA Manzanillo solicitó a la Semar la ampliación de los títulos el 19 de junio de 2026, y determinó que la administradora estaba al corriente de sus obligaciones y consideró las opiniones técnicas y financieras emitidas entre julio y septiembre.
La evaluación de rentabilidad económica abarcó un horizonte de 50 años y fue remitida a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras el área de análisis financiero de la Dirección General de Puertos (DGP) manifestó no tener inconveniente en continuar el trámite.
La extensión modifica el plazo y mantiene vigentes las demás condiciones del título, incluidas las obligaciones internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y protección de buques e instalaciones portuarias.
Por Daniel Zurita / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
