La crisis de liquidez y el elevado nivel de endeudamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzaron a tener repercusiones fuera de México, particularmente entre empresas navieras y contratistas vinculados con el sector energético nacional.
El retraso en los pagos a proveedores, propietarios de plataformas y embarcaciones colocó a algunas compañías en una situación financiera vulnerable y las obligó a buscar contratos en mercados internacionales.
Según reportes corporativos, esto ha ocasionado que muchos acreedores estén recurriendo a tribunales extranjeros para intentar recuperar deudas, mientras distintas tripulaciones enfrentan casos de salarios atrasados y abandono en puertos de diferentes países.
Embargos internacionales: el caso HF Offshore
Uno de los principales conflictos involucra a la compañía de servicios marítimos HF Offshore, empresa naviera mexicana que enfrenta acciones legales de acreedores internacionales, de acuerdo con un listado de empresas en poder de Info-Transportes.
El litigio se originó tras la cancelación anticipada de un contrato en el país relacionado con el buque Atlantic Tonjer, cuyo usuario final era Eni México, empresa del sector energético dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas natural, filial mexicana del grupo italiano Eni.
La empresa Atlantic Oceanic llevó el caso a arbitraje a tribunales de Londres, donde obtuvo un laudo favorable que ordenó a HF Offshore pagar más de 10 millones de dólares.
De acuerdo con los antecedentes del proceso, el tribunal hizo referencia a una conducta que calificó como “fraudulenta”.
Ante la falta de pago, los acreedores emprendieron acciones para localizar y embargar activos de la compañía en diferentes jurisdicciones con el objetivo de ejecutar el laudo.
Entre las embarcaciones afectadas se encuentran el Sapphire, Nigeria, un buque de apoyo a operaciones de buceo embargado en Lagos.
El procedimiento judicial internacional contempla la recuperación de los costos asociados al arresto y de las obligaciones reclamadas.
Así como el Southern Nova, Australia, embarcación que fue detenida en Melbourne mientras prestaba servicios para una empresa de construcción.
La inmovilización generó costos legales y operativos adicionales, además de afectar su utilización comercial.
Tripulaciones, otro frente de la crisis
Los problemas financieros de empresas navieras y contratistas también tuvieron consecuencias para las tripulaciones, pues en distintos países se han registrado casos de embarcaciones retenidas por adeudos salariales y trabajadores que han permanecido durante meses a bordo, sin recibir sus pagos.
Cabo Verde
El Safeen Athena 2, gestionado por Green Parrot Marine (GPM), una empresa de servicios marítimos para la industria energética offshore, detenido por las autoridades después de que se acumularan adeudos con su tripulación.
Durante aproximadamente cinco meses, 26 marinos mexicanos permanecieron a bordo, con salarios pendientes que superaban los 338 mil dólares, de acuerdo con los registros corporativos relacionados con el caso.
Angola
En el puerto de Luanda fue retenido el Akali Akbal, de bandera mexicana, que de acuerdo con registros vinculados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los integrantes de la tripulación llegaron a acumular hasta 235 días de salarios pendientes.
El caso requirió la intervención de autoridades mexicanas, incluida la Secretaría de Marina y la Secretaría del Trabajo, para atender la situación de los trabajadores.
Malta
El Trapiche Emerald enfrentó también un proceso de abandono de tripulación en el puerto de La Valeta, en Malta, un país insular del mar Mediterráneo, al sur de Sicilia, Italia.
Un total de 31 trabajadores permanecieron a bordo mientras se resolvía su situación legal, hasta que mecanismos internacionales de protección y seguros laborales permitieron avanzar hacia su repatriación.
Opacidad marítima
Los casos volvieron a poner bajo la lupa los mecanismos utilizados para estructurar la propiedad y operación de embarcaciones comerciales, de acuerdo con testimonios obtenidos por Info-Transportes.
En el transporte marítimo internacional, es frecuente que los buques sean propiedad de sociedades registradas en distintas jurisdicciones y que operen bajo banderas diferentes a la nacionalidad de sus propietarios o administradores.
El uso de sociedades registradas en jurisdicciones offshore, junto con banderas de conveniencia, puede dificultar la identificación del beneficiario final (Ultimate Beneficial Owner, UBO) y complicar la ejecución de reclamaciones comerciales y laborales.
Para los trabajadores y contratistas, esta estructura también puede dificultar el conocimiento anticipado de la situación financiera y el historial de obligaciones de las empresas con las que mantienen una relación contractual.
Organizaciones del sector plantearon ante organismos internacionales la necesidad de aumentar la transparencia sobre la propiedad efectiva de las embarcaciones.
El objetivo fue facilitar la identificación de los responsables financieros y operativos de los buques, reducir los riesgos para trabajadores y proveedores y evitar que empresas con problemas de liquidez continúen operando en México, sin que sus obligaciones sean plenamente identificables.
Es así que los problemas de liquidez de Pemex afectan ya a empresas vinculadas con la cadena energética mexicana y han sido trasladados a otros mercados, generando litigios comerciales, inmovilización de activos y conflictos laborales en diferentes jurisdicciones.
