La controversia por el desarrollo de una terminal de mega cruceros en Cozumel, alcanzó un clímax político este lunes 8 de septiembre, cuando el mismo funcionario que defendió a un activista invasor del terreno, terminó clausurando el predio donde se levantaría la obra.
El episodio comenzó el fin de semana, cuando José Urbina Bravo, buzo y miembro del colectivo Sélvame del Tren, ingresó sin autorización al terreno de Muelles del Caribe, siendo detenido por la policía y acusado de invasión a la propiedad privada.
Activista influyente
La tensión creció hasta que apareció en escena Óscar Rébora, secretario estatal de Ecología y Medio Ambiente, quien exigió su liberación inmediata y, en minutos, el activista recuperó la libertad.
Pero aún habría un nuevo giro en el escenario que lleva meses debatiéndose en la isla, cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente, espoleada por Quintana Roo, que se encuentra en la misma área de influencia de Rébora, colocó este lunes los sellos de clausura en el predio.
La medida se aplicó sin previo aviso y pese a que no habían iniciado trabajos, contradiciendo el aval federal que la Semarnat otorgó en 2021, tras evaluar la viabilidad ambiental del proyecto.
Trabajando de la mano
La secuencia no solo refleja la fuerza creciente de colectivos como Sélvame del Tren en proyectos fuera de su ámbito, sino una especie de alianzas de la mano de gobiernos estatales, como se ha evidenciado en Quintana Roo.
El gobierno federal ha promovido los megaproyectos como palanca de crecimiento, pero el estado opta por respaldar a quienes los frenan en nombre de la protección ambiental.
Arrecife ficción
Las denuncias contra la terminal se centran en presuntos daños a un supuesto “arrecife Villablanca”, un ecosistema ausente en registros oficiales y científicos; sin embargo, la narrativa ha sido suficiente para sostener protestas, suspensiones temporales y ahora una clausura que amenaza con prolongarse.
El impacto trasciende a la caribeña Cozumel, uno de los principales puertos de cruceros del mundo, que se arriesga a perder competitividad y recursos fiscales en plena recuperación turística.
En el fondo, la liberación exprés de Urbina y la clausura inmediata del predio condensan una paradoja más amplia: un partido gobernante atrapado entre el desarrollismo federal y el ambientalismo local.
