Las navieras mundiales Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron servicios de línea hacia y desde Cuba, tras las sanciones impuestas por el Gobierno de los EE.UU. contra el conglomerado militar cubano GAESA, según un comunicado enviado a agencias de representación en la isla y fuentes del sector marítimo.
Las compañías aplicaron un “stop booking” para todos los orígenes y destinos relacionados con Cuba, de acuerdo con el documento fechado el 14 de mayo.
La medida siguió al paquete de sanciones anunciado el 7 de mayo por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump, que designó a GAESA como entidad bloqueada.
De hecho, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fijó hasta el 5 de junio como plazo para concluir operaciones con GAESA y sus subsidiarias.
GAESA controla más del 80% de la economía, incluidos los puertos y terminales, así como la Zona Especial de Desarrollo Mariel (Puerto de Mariel), principales nodos del comercio exterior cubano.
Fuentes vinculadas al transporte marítimo en la región dijeron que otras navieras y operadores logísticos comenzaron a pausar o reprogramar operaciones hacia Cuba, mientras revisan contratos y estructuras operativas vinculadas con entidades sancionadas.
La minera canadiense Sherritt International informó este mes la suspensión de operaciones directas en Cuba, tras las medidas anunciadas por Washington.
Empresas podrán reclamar activos
Mientras el clima político y económico se enrarece en la isla, la Suprema Corte de Justicia de los EE.UU. validó las reclamaciones relacionadas con propiedades confiscadas tras la revolución cubana, en un fallo que podría ampliar litigios contra compañías extranjeras que operaron en la isla.
El caso fue presentado por Havana Docks Corporation, que reclama unos 440 millones de dólares contra Royal Caribbean Cruises Ltd., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Carnival Corporation y MSC Cruises, por utilizar instalaciones portuarias en La Habana entre 2016 y 2019.
La empresa sostiene que las navieras utilizaron muelles nacionalizados por el gobierno de Fidel Castro, sin compensación a los concesionarios originales estadounidenses.
La disputa se centra en el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandas en tribunales estadounidenses vinculadas con propiedades confiscadas en Cuba.
El magistrado Clarence Thomas escribió que quienes utilicen propiedades sujetas a confiscación pueden enfrentar reclamaciones de ciudadanos estadounidenses con derechos sobre esos activos.
Las navieras argumentaron que la concesión original de Havana Docks expiró en 2004, antes de las operaciones realizadas durante el acercamiento entre Washington y La Habana bajo el gobierno de Barack Obama.
Por Edna Herrera / Antonio Vargas
